Lo que ha sucedido en Granada, con la aprobación del nuevo reglamento orgánico municipal no es "un golpe de Estado", tal como critican los grupos de la oposición. Ya quisiera más de un integrante del gobierno municipal estar en condiciones de beneficiarse de un auténtico golpe de Estado.
Lo que ha sucedido en Granada es la culminación de un largo proceso de endiosamiento e impunidad. Es un crimen de lesa patria, un delito contra el ordenamiento democrático de nuestra sociedad. Una canallada sólo concebible en mentalidades estragadas por la soberbia, el desprecio a las minorías y la presunción de durabilidad indefinida en el mangoneo de los negocios públicos.
La concejal Mayte Olalla y su partido, UPyD, llevan años insistiendo en que el gran problema que late de fondo en España (y en Granada, claro) no es puramente económico sino, ante todo, político: la degradación de los valores democráticos y su apropiación por elementos que sólo creen en la democracia cuando ésta significa todo lo que ellos ansían: privilegios, poder y dinero.
Puede que a partir de hoy, a la vista de esta felonía, muchos empiecen a tomar en serio la necesidad de la regeneración democrática de nuestra sociedad.
El actual equipo de gobierno municipal de Granada ha dado una muestra brutal de hasta qué extremos de tiranía, desfachatez y ultraje a la voluntad popular pueden llegar nuestros dirigentes políticos.
Lo pagarán en las urnas. A lo mejor, dentro de tres años son ellos quienes tienen dificultades para formar grupo municipal.
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