Los territorios no tienen derechos. Los territorios tienen ríos, fuentes, prados pequeños y grandes, carreteras, montes, árboles, cultivos, flora y fauna. Y edificios y construcciones, puertos, canales y caminos.
Los que tienen derechos son los habitantes de los territorios. Los ciudadanos.
Como a Faramio le entra a menudo la vena ecologista, le aclaro desde ya que esos mismos ciudadanos tienen derecho a disfrutar y vivir su cotidianeidad en un ambiente sin degradar, limpio de contaminación y que no sea pasto de la especulación urbanística. Y tienen derecho a convivir con una fauna libre y salvaje, y mayormente protegida.
Precisión hecha, vamos al meollo.
Viene todo esto a cuento de la supuesta desigualdad territorial en lo que concierne al reparto de los impuestos recaudados por el Estado, el célebre déficit fiscal que alzan furiosos como estandarte de guerra los nacionalistas de todas partes y algunos no-nacionalistas aunque muy concienciados con aquello de "las raíces" de la gente. (A ver, Faramio, no te pongas pesado: raíces tienen las plantas, los seres humanos tenemos pies para ir adonde nos dé la gana).
Quien diseñó un Estado como el español, basado en el prejuicio de territorialidad autonómica, no pensó (y si lo pensó seguro que se lo calló, el muy pintas), que compartimentar la soberanía nacional en segmentos autonómicos suponía y supone declarar gallardamente que no todos los ciudadanos son iguales, que unos tienen más derechos que otros en función de en qué comunidad autónoma residan y también de cuál sea su "adscripción identitaria". Quien se inventó el concepto medieval, caciquil y terrahabiente de "solidaridad interterritorial", no reparó seguramente en que son los ciudadanos y no los territorios quienes pagan impuestos, y que el Estado no tiene obligación ninguna de compensar a los territorios por nada. El Estado dispone del sus arcas (salva la buena fe), conforme a sus propios fines, que son el bien común; y no tiene que dar más explicaciones sobre si invierte más en girasoles que en cemento o en armas que en togas para los fiscales. Si no nos gusta cómo se administra el Estado, para eso están las elecciones.
El Estado no tiene que "repartir" pensando en los derechos de los territorios, sino en las necesidades generales y en el bien de la ciudadanía, vivan los contribuyente (o no contribuyentes), en Sestao o en Mazagón.
El concepto de "solidaridad interterritorial" en el fondo enmascara una concepción feudal de lo público y, de paso, nutre el supremo argumento nacionalista:. "El dinero de los albaceteños, para Albacete" . Que no, hombre. Que los albaceteños tienen todos los derechos del mundo pero Albacete es un montón de tierra, prados, ríos, fuentes, regatos grandes y pequeños, caminos y trochas. Y alguna que otra vereda, seguro.
(Me perdonen los de Albacete, no se me ocurría otro ejemplo más a mano).
Los que tienen derechos son los habitantes de los territorios. Los ciudadanos.
Como a Faramio le entra a menudo la vena ecologista, le aclaro desde ya que esos mismos ciudadanos tienen derecho a disfrutar y vivir su cotidianeidad en un ambiente sin degradar, limpio de contaminación y que no sea pasto de la especulación urbanística. Y tienen derecho a convivir con una fauna libre y salvaje, y mayormente protegida.
Precisión hecha, vamos al meollo.
Viene todo esto a cuento de la supuesta desigualdad territorial en lo que concierne al reparto de los impuestos recaudados por el Estado, el célebre déficit fiscal que alzan furiosos como estandarte de guerra los nacionalistas de todas partes y algunos no-nacionalistas aunque muy concienciados con aquello de "las raíces" de la gente. (A ver, Faramio, no te pongas pesado: raíces tienen las plantas, los seres humanos tenemos pies para ir adonde nos dé la gana).
Quien diseñó un Estado como el español, basado en el prejuicio de territorialidad autonómica, no pensó (y si lo pensó seguro que se lo calló, el muy pintas), que compartimentar la soberanía nacional en segmentos autonómicos suponía y supone declarar gallardamente que no todos los ciudadanos son iguales, que unos tienen más derechos que otros en función de en qué comunidad autónoma residan y también de cuál sea su "adscripción identitaria". Quien se inventó el concepto medieval, caciquil y terrahabiente de "solidaridad interterritorial", no reparó seguramente en que son los ciudadanos y no los territorios quienes pagan impuestos, y que el Estado no tiene obligación ninguna de compensar a los territorios por nada. El Estado dispone del sus arcas (salva la buena fe), conforme a sus propios fines, que son el bien común; y no tiene que dar más explicaciones sobre si invierte más en girasoles que en cemento o en armas que en togas para los fiscales. Si no nos gusta cómo se administra el Estado, para eso están las elecciones.
El Estado no tiene que "repartir" pensando en los derechos de los territorios, sino en las necesidades generales y en el bien de la ciudadanía, vivan los contribuyente (o no contribuyentes), en Sestao o en Mazagón.
El concepto de "solidaridad interterritorial" en el fondo enmascara una concepción feudal de lo público y, de paso, nutre el supremo argumento nacionalista:. "El dinero de los albaceteños, para Albacete" . Que no, hombre. Que los albaceteños tienen todos los derechos del mundo pero Albacete es un montón de tierra, prados, ríos, fuentes, regatos grandes y pequeños, caminos y trochas. Y alguna que otra vereda, seguro.
(Me perdonen los de Albacete, no se me ocurría otro ejemplo más a mano).
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